Julio Iglesias ha tomado una decisión controvertida al publicar los nombres de las mujeres que lo han denunciado por abuso sexual y explotación laboral, buscando demostrar la falsedad de dichas acusaciones. Este acto se produce tras la negativa de su abogado a participar en las diligencias preprocesales que se están llevando a cabo, las cuales se limitan a analizar si hay indicios de delito.
El abogado del cantante intentó interrogar a las denunciantes, sin tener en cuenta que esto no es posible en esta fase del procedimiento. La aplicación del derecho español garantiza que Iglesias recibe el mismo trato que cualquier otro ciudadano en una situación similar, sin que exista indefensión.
Al difundir supuestos mensajes de exempleadas que él identifica como denunciantes, el cantante ignora las medidas de protección establecidas por la Fiscalía para salvaguardar la identidad de las víctimas. Esta acción no solo cuestiona la credibilidad de las denunciantes, sino que también infringe los tiempos y protocolos legales que deben seguirse en este tipo de casos.