El recorte del 50% en la financiación para las vacaciones de personas con discapacidad intelectual por parte del Imserso tendrá un impacto negativo en la accesibilidad a estos programas. Más de 1.500 personas se verán afectadas, ya que no podrán participar en las vacaciones organizadas con apoyo profesional, fundamentales para su bienestar. Este ajuste se ha realizado a pesar de que la evaluación del proyecto ha sido comparable a la de años anteriores.
Plena Inclusión ha denunciado que este recorte no se debe a una disminución en la calidad del programa, sino a un cambio en los criterios de reparto de subvenciones que se implementó sin consulta previa con las organizaciones afectadas. Desde 2012, la financiación para estas vacaciones ha disminuido en un 40%, acumulando un déficit superior a 20 millones de euros.
Este nuevo escenario plantea serias preocupaciones sobre el futuro de las vacaciones para personas con grandes necesidades de apoyo, quienes tradicionalmente han dependido de este programa para disfrutar de un tiempo de descanso fuera de su entorno habitual.